En un esfuerzo por evitar un desalojo violento, representantes del Ejido Playa del Carmen sostuvieron este miércoles una reunión con un grupo de personas que mantienen ocupados predios ubicados en la parcela 186, en la zona conocida como Mayaland, todo este asunto apunta a una acción política para desestabilizar y cegar al pueblo de Playa del Carmen, para no darse cuenta de lo que ocurre en el gobierno municipal.
El encuentro se realizó con la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes desplegaron un operativo preventivo para garantizar que el encuentro no derivara en enfrentamientos.
Momentos de tensión se vivieron durante las horas que duró la mesa de diálogo, aunque no se registraron incidentes mayores.
Los ejidatarios acudieron con títulos de propiedad emitidos en 2014, documentos que, aseguran, acrediten legalmente la posesión de las tierras tras una donación de un particular conocido como Gerardo Dzib.
Estos papeles fueron presentados como prueba para exigir la salida de quienes ocupan el terreno. Sin embargo, los señalados como invasores cuestionaron la validez de dichos títulos y manifestaron dudas sobre su autenticidad.
Los ocupantes negaron tener cualquier relación con José Gómez Burgos, personaje señalado en versiones anteriores como posible instigador de la invasión.
“No tenemos líder ni vínculo con él, no somos un sindicato” , expresaron algunos de los presentes durante la confrontación.
El subsecretario de Seguridad Ciudadana, estuvo presente en el lugar y participó como mediador, destacando que la prioridad de las autoridades es mantener el orden y privilegiar las soluciones pacíficas.
Además dijo que no se pretende recurrir a un desalojo forzoso mientras existan posibilidades de conciliación.
Al final de la reunión, ambas partes acordaron revisar los documentos presentados por el Ejido antes de tomar una postura definitiva.
Mientras tanto, los ejidatarios advirtieron que, si los ocupantes se niegan a reconocer la validez de los títulos y no abandonan voluntariamente, se procederá con una denuncia legal y se solicitará la intervención de un juez para recuperar la propiedad.
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