El 14 de agosto, la tranquilidad de la comunidad de Santa María Aznar se vio alterada cuando un video difundido en redes sociales mostró al comisario local golpeando y jaloneando a una menor de edad, presuntamente su hija, en medio de una discusión familiar.
Las imágenes, claras y contundentes, exhibieron al funcionario agrediendo físicamente a la menor, lo que generó una ola de indignación y rechazo entre los habitantes. La comunidad exigió su destitución inmediata y la apertura de un proceso legal en su contra.
Ante la presión social, el alcalde de Uayma, Armin Castillo, emitió un comunicado oficial en el que anunció el cese inmediato del comisario. Asimismo, informó que el caso fue turnado a las autoridades competentes para su investigación y posible acción penal.
Este incidente reavivó el debate sobre la violencia intrafamiliar y el papel que deben desempeñar los servidores públicos como ejemplos de conducta. Organizaciones civiles y ciudadanos demandaron que se tomen medidas para proteger la integridad de los menores y garantizar que casos de este tipo no queden impunes.
La difusión del video no solo evidenció la agresión, sino que también puso de manifiesto la capacidad de la sociedad para exigir rendición de cuentas cuando las autoridades locales incumplen con sus responsabilidades éticas y legales.
El caso permanece bajo investigación, mientras la comunidad de Santa María Aznar busca que se apliquen sanciones ejemplares y se fortalezcan los mecanismos de protección a la infancia en la región.
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